El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (el Tribunal) fue establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) para conocer de las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la CNUDM.
El 12 de diciembre de 2022, la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS) presentó una solicitud de opinión consultiva al Tribunal. En esencia, COSIS solicitó al Tribunal un dictamen sobre cuáles son las obligaciones que tienen los Estados Parte en la CNUDM para:
(a) prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino en vista de los efectos adversos que el cambio climático está teniendo o puede tener, entre otras cosas, por el calentamiento de los océanos, la elevación del nivel del mar, y la acidificación de los océanos, causados por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
(b) proteger y preservar el medio marino de los efectos del cambio climático, incluidos el calentamiento de los océanos, la elevación del nivel del mar, y la acidificación de los océanos.
Del 11 al 25 de septiembre de 2023, el Tribunal escuchó los argumentos de 36 Estados y 4 organizaciones intergubernamentales sobre el alcance de las obligaciones jurídicas de los Estados en relación con el cambio climático.
En particular, las Partes debatieron si las emisiones de gases de efecto invernadero debían considerarse contaminación marina en el sentido de la CNUDM. La mayoría respondió positivamente, a excepción de China e India, que se mostraron en desacuerdo. Las Partes también subrayaron la necesidad de tener en cuenta los conocimientos científicos más recientes a la hora para definir las obligaciones de los Estados. Surgieron diferencias en la interpretación de las obligaciones de los Estados en virtud de la CNUDM: algunos favorecieron un planteamiento armonizado con otras normas internacionales, mientras que otros prefirieron definir estas obligaciones con arreglo al Acuerdo de París y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Las audiencias del Tribunal son de gran importancia porque podrían servir de inspiración para las opiniones consultivas presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, que también tratan de las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. El 9 de enero de 2023, Colombia y Chile presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre la emergencia climática y los derechos humanos. Unos meses más tarde, el 29 de marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas también presentó una solicitud de opinión consultiva, esta vez a la Corte Internacional de Justicia, sobre el alcance de las obligaciones de los Estados de proteger el sistema climático.
