En septiembre de 2021, el gobierno de Vanuatu anunció su intención de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras (la “campaña de la OCCIJ”).
Esta iniciativa fue iniciada por los Estudiantes del Pacifico Luchando en contra del Cambio Climático (PISFCC), una organización dirigida por jóvenes activistas y formada por estudiantes de la Universidad del Pacífico Sur en 2019, cuyo objetivo es promover soluciones frente al cambio climático basadas en los derechos.
El objetivo es que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adopte una resolución solicitando a la CIJ que emita una opinión consultiva “que aclare las consecuencias jurídicas, sobre la base de los tratados y principios internacionales existentes, de los daños significativos causados al sistema climático, en particular en los pequeños Estados insulares y en desarrollo y otras naciones en desarrollo que ya están experimentando impactos climáticos devastadores”.
Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) delimitaría el alcance del Derecho internacional en relación con los objetivos del cambio climático y colmaría lagunas y ambigüedades, sobre todo en los ámbitos de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la equidad intergeneracional.
Esta opinión consultiva sería una poderosa herramienta para apoyar la acción de los Estados en materia de cambio climático, complementar y reforzar el Acuerdo de París, integrar el cambio climático y la legislación sobre derechos humanos, sentar las bases para la acción de los Estados en materia de adaptación, mitigación y financiación, y orientar la toma de decisiones a nivel local, regional e internacional.
Los impactos existenciales del cambio climático sobre las vidas humanas y los derechos humanos fundamentales exigen claridad jurídica en la interpretación del derecho internacional. Por ello, la Coalición del Pacto Mundial apoya la campaña OCCIJ con la alianza PISFCC.
El 28 de octubre de 2022 se anunció oficialmente en la AGNU la composición del grupo central encargado de redactar la resolución, liderado por Vanuatu: Vanuatu, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Sierra Leona, Angola, Alemania, Mozambique, Liechtenstein, Samoa, Estados Federados de Micronesia, Bangladesh, Marruecos, Singapur, Uganda, Nueva Zelanda, Vietnam, Rumanía y Portugal.
El 29 de noviembre de 2022, el grupo central publicó el proyecto de resolución inicial.
Todos los Estados miembros de la ONU pueden ahora hacer sugerencias y comentarios antes de la votación de la AGNU a principios de 2023. Una mayoría de 97 Estados en la AGNU debe votar a favor de esta resolución para someter la cuestión a la CIJ, que emitirá entonces la opinión consultiva.
Pedimos a todos los Estados miembros de la ONU que voten a favor de remitir el asunto a la CIJ.
Para saber mas, consulte el informe jurídico de la campaña.
