22 September 2022 
El 20 de septiembre de 2022, la revista Environmental Policy and Law Journal organizó un seminario web en el que destacados ponentes, como Nicholas Robinson (Pace Law University, EE.UU.), Gudmundur Eiriksson, (Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Islandia), Karan Singh, (Parlamento, India), Ole Kristian Fauchald, (Universidad de Oslo, Noruega), Philippe Cullet (SOAS University of London, Reino Unido) y muchos otros . … reflexionaron sobre la reciente adopción de la resolución 76/300 de la AGNU la cual reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
Este seminario web trató de dar sentido a la importancia global de la llegada de este desarrollo normativo poco después de la Conferencia Estocolmo+50 (2-3 de junio de 2022). El momento del seminario web coincidió con el inicio de la serie de sesiones de alto nivel de la 77ª AGNU en Nueva York.
El discurso con un panel de eminentes académicos y profesionales ofreció la oportunidad de (i) explicar el contexto y la importancia de celebrar el reconocimiento enfático de la AGNU (y el CDH) del derecho humano al medio ambiente (limpio, saludable y sostenible) para los ODS 2030, así como “otros derechos y el derecho internacional existente”; (ii) el valor normativo de la resolución de la AGNU para la universalidad de los derechos humanos ambientales; y (iii) el impacto del derecho humano al medio ambiente en las obligaciones ambientales internacionales basadas en tratados, y la observancia de los derechos humanos de las personas y los objetos inanimados, así como las políticas, legislaciones y litigios nacionales.
En este seminario web, Victoria Lichet analizó la posibilidad de que la resolución de la AGNU, reconociendo el derecho a un medio ambiente sano, allane el camino hacia la adopción una convención internacional sobre derechos medioambientales, como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente.
El Pacto Mundial por el Medio Ambiente propone reunir los derechos y deberes medioambientales en un instrumento que sirva de referencia a las partes interesadas: ciudadanos, empresas y Estados. Este instrumento, combinado con otros acuerdos nacionales y multilaterales, establecería un nuevo umbral en el derecho internacional del medio ambiente e inspiraría a las legislaciones nacionales a ser más ambiciosas para alcanzar los objetivos del cambio climático y del medio ambiente.
